Trump negoció el T-MEC, lo firmó, lo presumió — y ahora evalúa destruirlo antes de la revisión.

La semana cierra con un patrón que ya debería ser familiar pero sigue sorprendiendo: las señales de Washington y las de Palacio Nacional cuentan historias distintas. Mientras Reuters reporta que Trump sopesa en privado abandonar el acuerdo comercial que lleva su nombre, Sheinbaum desestima y el CCE lo califica de "declaración política." Del otro lado de la frontera, 85.7% de las empresas en Arizona no comparten esa calma. Y en paralelo, BYD, Geely y VinFast hacen fila para comprar la planta que Nissan abandona en Aguascalientes, mientras Jalisco se convierte en el primer estado que duplica su proyección de demanda y se mueve antes de que la crisis lo obligue.

Para quien toma decisiones de inversión en México, el mensaje de esta semana es incómodo: la certidumbre no se decreta, se construye contrato por contrato — y los que están construyendo más rápido no hablan español.

Abajo: por qué la revisión del T-MEC va a ser la más agresiva de la historia, qué significa que China compre infraestructura automotriz mexicana, y el candado sin llave de los minerales críticos.

Trump negoció el T-MEC. Lo firmó en una ceremonia que transmitió en vivo. Lo usó como trofeo electoral en 2020. Y esta semana, Reuters y Barron's reportan que evalúa en privado abandonarlo — justo antes de que arranque la revisión formal de 2026.

La reacción en México fue predecible. Sheinbaum descartó el escenario, el CCE lo calificó como "declaraciones políticas, no técnicas", y la IP expresó confianza en la continuidad. Hay razones para esa calma: salirse del T-MEC requiere 6 meses de aviso formal y enfrenta oposición bipartidista en Washington. La Cámara de Representantes acaba de votar para cancelar los aranceles de Trump a Canadá. El Senador Crapo abrió audiencias donde coaliciones agrícolas advirtieron sobre el shock económico que una salida causaría en la América rural. Trump no tiene consenso ni en su propio partido para demoler el acuerdo.

Pero la calma mexicana tiene un punto ciego. El representante comercial de EE.UU. ya señaló públicamente que Canadá dificulta el inicio de las negociaciones, y Milenio reporta que Washington buscará endurecer las reglas de origen — lo que encarece producción y estrecha los márgenes para fabricantes con cadenas de suministro trianguladas. El sector privado estadounidense no está desestimando: las empresas de EE.UU. están pidiendo certeza trilateral, no dándola por hecho.

El dato que debería quitar el sueño: 85.7% de las empresas en Arizona — estado fronterizo, dependiente del comercio con México — temen un escenario sin T-MEC. Cuando tu principal socio comercial tiene más miedo que tú, la pregunta no es si el riesgo es real. Es si estás midiendo lo correcto.

Para una empresa operando en México con contratos cross-border, la revisión de 2026 no es un evento de prensa. Es el momento de estresar cada PPA, cada contrato de suministro, cada cláusula de fuerza mayor que asuma continuidad del acuerdo. El T-MEC probablemente sobrevive. Pero "probablemente" no es cobertura, y la revisión que viene va a ser la más agresiva en la historia del tratado. Confiar en que todo sale bien nunca ha sido estrategia — menos cuando el autor amenaza su propia obra.

Cuando un estado duplica su proyección de demanda energética a 2030, hay dos lecturas posibles: o se viene un cuello de botella, o alguien está planeando en serio. SEDES acaba de confirmar que Jalisco duplicó su proyección, y lo que llama la atención no es la cifra — es el timing. A diferencia de otros estados que descubren el déficit cuando ya les explotó en la cara, Jalisco lo está dimensionando, comunicando y coordinando antes de que se convierta en crisis. Eso no es lo normal en México. Es la excepción.

Y la excepción ya tiene respaldo federal. CFE anunció el reforzamiento de infraestructura eléctrica en Jalisco específicamente para el Mundial 2026, con planeación energética coordinada desde el estado. El dato importa por lo que no dice: la demanda del evento es temporal, pero la infraestructura de red se queda. El Mundial no es solo futbol para Jalisco — es el catalizador que aceleró una inversión en red que el estado necesitaba con o sin balón.

El contraste nacional amplifica lo que Jalisco está haciendo bien. México sigue atado al gas natural para generación eléctrica al menos hasta 2030. La generación está estancada, y ese estancamiento ya está frenando decisiones de nearshoring. Citi reportó esta semana que Vietnam y Tailandia están capturando proyectos que México debería estar ganando — y la razón no es mano de obra ni logística, es energía confiable. En ese contexto, un estado que planea proactivamente su demanda no compite solo con otros estados mexicanos. Compite por los mismos dólares de inversión que se van al sudeste asiático.

La conexión con el portafolio federal es directa. La Secretaría de Economía anuncia 30 proyectos energéticos por $200 mil millones de dólares "amarrados" al Plan México, con energía concentrando la mitad del portafolio de inversión. Un estado que ya tiene el diagnóstico de demanda, la coordinación con CFE y la planeación activa no espera a que le asignen inversión — la atrae por gravedad. Jalisco se posiciona como receptor natural de una tajada desproporcionada de ese portafolio, y el resto del corredor industrial del Bajío va a enfrentar lo mismo que Jalisco ya está resolviendo. La diferencia está en quién se adelantó. En energía, quien planea primero negocia mejor.

Nissan deja una planta en Aguascalientes. Los que hacen fila para comprarla no son GM, ni Toyota, ni Stellantis. Son BYD, Geely y VinFast. Tres fabricantes asiáticos — dos chinos y uno vietnamita — compitiendo por adquirir capacidad instalada, workforce entrenado y acceso logístico que al sector automotriz tradicional le tomó décadas construir en México. Si eso no te dice hacia dónde va la industria, los números lo confirman: los autos chinos ya lideran ventas en México, la producción de vehículos pesados se desplomó 50% en enero, y la industria manufacturera mexicana liga dos años consecutivos a la baja con una caída de 1.3% en 2025.

China no está "entrando" al mercado automotriz mexicano. Está comprando la infraestructura que los incumbentes están abandonando. La planta COMPAS no es un greenfield — es una apuesta por velocidad. Quien se la quede hereda líneas de producción calibradas, proveedores locales mapeados y una ubicación que conecta con el corredor logístico más denso de Norteamérica. Para un fabricante chino que quiere producir en México sin los 3-5 años que toma levantar una planta nueva, COMPAS es un atajo estratégico.

Pero aquí es donde el juego se complica. Si un fabricante chino produce vehículos en México, ¿califican como "norteamericanos" bajo las reglas de origen del T-MEC? Esta pregunta conecta directamente con la revisión del tratado: EE.UU. acaba de publicar reglas interinas para restringir la influencia china en los tax credits de vehículos limpios, y el endurecimiento de reglas de origen que viene en la revisión apunta precisamente a cerrar esa ventana. BYD vende cero coches en EE.UU. hoy — pero si produce en Aguascalientes, la pregunta de acceso al mercado estadounidense se vuelve inevitable.

La implicación para la cadena de suministro mexicana es concreta y urgente. Proveedores Tier 2 y Tier 3 que hoy venden a japoneses y americanos van a tener que aprender a vender a chinos, con diferente cultura de compra, diferente velocidad de decisión y diferente expectativa de precio. Mientras VW Puebla programa paros productivos en las líneas Jetta y Tiguan, los fabricantes chinos aceleran. La pregunta ya no es si China va a tener manufactura automotriz en México. Es bajo qué reglas, con qué contenido regional, y quién de la cadena mexicana se adapta primero.

Sheinbaum fue directa: los minerales críticos no están en la mesa de negociación del T-MEC. Litio MX fue igual de directa, aunque probablemente sin querer: no tiene capacidad de explotación y admite que todavía no es rentable. México tiene un recurso estratégico que no puede explotar, que no puede vender, y que ahora declara que no quiere negociar. Como postura de soberanía es coherente. Como estrategia económica, tiene un problema evidente.

El contexto geopolítico no espera. EE.UU. mira a toda Latinoamérica como fuente de minerales para competir con China en la carrera de baterías, semiconductores y tecnología limpia. Argentina ya negocia activamente. Chile tiene un marco regulatorio que atrae inversión. Brasil avanza con concesiones. Los tres están monetizando sus recursos mientras construyen capacidad tecnológica con socios internacionales. México, en cambio, declaró la soberanía sobre el litio en 2022, creó Litio MX, y tres años después la propia presidenta reconoce que la empresa no tiene ni la tecnología ni los números para operar.

La apuesta por tecnología propia de extracción es legítima y México tiene investigadores trabajando en ello, pero el timeline de desarrollo tecnológico doméstico no se alinea con la urgencia geopolítica. Mientras México perfecciona un proceso que aún no es rentable, la demanda global de litio crece al ritmo de la electromovilidad — la misma electromovilidad que trae a BYD y Geely a comprar plantas en Aguascalientes. La ironía es difícil de ignorar: México podría alimentar parte de la cadena de baterías que los chinos van a fabricar en su propio territorio, pero eligió poner candado a un recurso para el que todavía no tiene llave.

Para compañías con operaciones en minería, manufactura de componentes para baterías, o cadenas de suministro de vehículos eléctricos, la señal es clara: las decisiones de inversión vinculadas a minerales críticos en México están congeladas hasta que haya claridad sobre cómo se va a cerrar la brecha entre soberanía declarada y capacidad real. Proteger recursos estratégicos es legítimo. Pero la soberanía sin capacidad de ejecución no es independencia — es parálisis voluntaria en una carrera que no va a esperarte.

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Nos leemos el lunes.

— Alex