MXN 2,000 millones. Esa es la cifra que el CCE calculó en pérdidas por la crisis de seguridad en Jalisco tras el abatimiento de El Mencho. Veinticuatro horas antes, los industriales locales hablaban de MXN 100 millones. Se multiplicó 20x en un día. Ese es el ritmo de contagio económico cuando un estado no puede garantizar que un tráiler llegue de punto A a punto B.

Honda no emitió un comunicado de "preocupación". Paró la línea de producción en Guadalajara. Es la diferencia entre señal blanda y señal dura. Una multinacional automotriz no detiene una planta por precaución — la detiene cuando el costo de operar supera el costo de no producir. Y ese cálculo no se hace en pesos. Se hace en reputación de cadena de suministro global. Si tu planta en Guadalajara puede parar sin aviso por un operativo militar, ¿por qué no poner la siguiente en Querétaro? ¿O en Monterrey? ¿O fuera de México?

Pero el dato que debería quitar el sueño a todos los que operan en el sector energético de Jalisco es otro: AMDEE pidió formalmente protección militar para parques eólicos. Primera vez en la historia de las renovables en México que una asociación de generación solicita escoltas del ejército para sus turbinas. Piensa en eso un segundo. Estamos hablando de activos de generación limpia que necesitan protección armada para operar.

45 camiones de Amotac varados entre Jalisco y Aguascalientes. Puerto Vallarta fue la ciudad más golpeada — turismo y servicios paralizados. El sector restaurantero reporta un freno a su recuperación. Coparmex y CCE exigieron garantías de seguridad al gobierno federal. La exigencia conjunta indica que esto ya dejó de ser un problema local.

La normalización empieza — choferes de transporte regresan a rutas — pero la pregunta no es si Jalisco se recupera esta semana. La pregunta es si el próximo boardroom de una multinacional que evalúa nearshoring en occidente de México incluye un renglón nuevo en su modelo financiero: "security risk premium." Porque después de esta semana, debería.

CFE amplió el plazo para que privados registren proyectos bajo el esquema de inversiones mixtas. Tres fuentes independientes confirman. La señal superficial es positiva — el regulador está facilitando la entrada de capital privado a generación eléctrica. Pero hay que leer entre líneas: si los proyectos hubieran estado fluyendo, no necesitarías extender el plazo. El mercado votó con los pies y CFE tuvo que adaptarse.

El contexto hace que la extensión se vea más como concesión que como invitación. México genera solo 23.5% de energía limpia — y la meta de la administración Sheinbaum ya fue catalogada como "poco viable." CFE reporta 16,449 obras de "Justicia Energética" completadas, pero esas son obras de electrificación rural, no de capacidad industrial. Y el verano 2026 se proyecta con calor extremo por debilitamiento de La Niña — la demanda pico llegará a un sistema que ya opera cerca del margen.

Donde sí hay movimiento real es a nivel estatal. Tamaulipas comprometió USD 1,000 millones en inversión energética con alianza formal público-privada. El estado con más gas del país está actuando por su cuenta. Eso es federalismo energético de facto — los gobernadores dejaron de esperar a que CFE resuelva el déficit regional.

Pero aquí viene el dato que conecta todo: la construcción pública cayó 37.10% en 2025. Sin construcción no hay subestaciones. Sin subestaciones no hay interconexión. Sin interconexión, tu contrato mixto con CFE es un papel bonito y un activo que no puede despachar un solo MWh. La puerta se abre, sí. Pero abre hacia un pasillo sin salida si no se construye la infraestructura de transmisión que conecte los nuevos MW con los centros de carga.

Para el que evalúa entrar al esquema: modela dos escenarios. Uno donde la aprobación y conexión ocurren en 18 meses. Otro donde la aprobación llega pero la lista de espera de interconexión es de 24 a 36 meses. La extensión de plazo de CFE es la señal de entrada. La capacidad de transmisión disponible es la que determina cuándo realmente produces.

Inflación al 3.92% en la primera quincena de febrero. Por encima de lo que esperaba el mercado. Por encima de la meta de Banxico. Y con un driver nuevo que no estaba en los modelos de nadie hace 6 meses: el pass-through arancelario de EE.UU. No es inflación transitoria. Tiene un componente estructural que se acaba de instalar.

Del otro lado de la ecuación: PIB de 0.8% en 2025. Y el PIB per cápita estancado. Estamos creciendo menos que la población. Eso no es desaceleración — es contracción real per cápita.

Para el sector energético, esto traduce en una cosa: el costo del dinero sube mientras la demanda se enfría. Los CETES pierden atractivo en términos reales. Cemex acaba de colocar MXN 5,500 millones en la BMV — las grandes corporativas acceden a mercado, pero la pregunta es a qué tasa. Si Cemex paga más, tu proyecto de generación distribuida paga mucho más.

Y luego está el dato nuclear: construcción total cayó 15.18%, obra pública se desplomó 37.10%. No puedes hacer transición energética sin cemento, sin acero, sin obra civil. No puedes construir subestaciones si el presupuesto de obra pública se evaporó. Y no puedes financiar la infraestructura privada que compense si la tasa real de interés sigue subiendo.

La única nota verde en este panorama: BBVA y la SHCP colocaron MXN 35,000 millones en BONDESG y bonos sostenibles. El apetito institucional por papel verde existe. Pero MXN 35,000M en bonos no reemplazan el desplome de 37% en obra pública. Un instrumento financiero no es una subestación.

Solvent Optimism bajo presión. La solvencia es el prerrequisito del progreso — y cada indicador publicado hoy apunta en la dirección equivocada para quien necesita construir algo.

2026 no es "el año en que probablemente se revise el T-MEC." Es el año de revisión obligatoria. No hay prórroga. No hay postergación. Y la mesa de negociación ya se empezó a montar — pero del lado gringo.

Brookings lanzó "USMCA Forward 2026" — cuando el think tank más influyente de Washington pone un tema en su agenda formal, es porque ya está en la conversación de policy del USTR. En el Commodity Classic, la revisión del T-MEC tomó el centro del escenario — el lobby agrícola estadounidense, que mueve votos en 40 estados, ya tiene el tratado en su lista. Las posiciones se están fijando. Y se están fijando sin que México haya articulado públicamente la suya.

Todo esto ocurre bajo un contexto de presión sin precedente: arancel global de 10% en vigor, techo de 15% avalado por la Corte Suprema, y FedEx demandando al gobierno Trump para recuperar aranceles pagados. El propio sector privado estadounidense está peleando la legalidad de las tarifas. Pero eso no le sirve a México si no tiene posición propia.

CAMIMEX propuso un plan bilateral de minerales críticos con EE.UU. — litio, tierras raras, minerales de la transición energética. Si avanza, podría redefinir qué cuenta como "contenido regional" en las reglas de origen. Esto cambia el cálculo de inversión para baterías, EVs y componentes solares hechos en México. Es exactamente el tipo de propuesta proactiva que México necesita llevar a la mesa. Mientras tanto, el acuerdo UE–México sigue cerca del cierre formal — pero la amenaza arancelaria de Trump complica el momentum.

Canacintra Querétaro vinculó directamente la seguridad con la posición negociadora de México en el T-MEC. El argumento es que la eficiencia en el operativo federal mejora la mano negociadora. Suena bien en una conferencia de prensa. Pero en la mesa de negociación, lo que EE.UU. preguntará es si sus inversiones están protegidas por un Estado de derecho funcional — y las imágenes de Honda parando una planta por bloqueos no ayudan.

El T-MEC no es un tratado. Es el sistema operativo de la economía norteamericana. Está a punto de recibir una actualización forzada. Lo que se negocie en 2026 define la cancha para la década. No es momento de "monitorear". Es momento de sentarse a la mesa con posición articulada y datos en la mano.

Un sistema donde la asociación eólica pide escoltas militares, la automotriz para la línea, y la obra pública se desploma 37% — no es un sistema en transición. Es un sistema que necesita decidir si quiere tener uno. Las piezas existen: inversión privada con apetito, gas en Tamaulipas, bonos verdes con demanda, un tratado comercial que todavía protege. Lo que falta no es capital ni tecnología. Es la infraestructura institucional para que el capital fluya sin que lo detengan las balas, la burocracia o la falta de cemento.

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Nos leemos mañana.

— Alejandro